DEBE REVISARSE FORMATO DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL AFIRMAN CONTRALORES

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Ciudad de México.- La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación señaló que el actual formato de declaraciones patrimoniales y de posible conflicto de intereses debe ser revisado para que cumpla con su labor de investigar la evolución patrimonial de los servidores públicos, y así evitar que caiga en la inoperabilidad.

En un comunicado difundido hoy por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el mencionado organismo recordó que en su primera asamblea plenaria de este año –celebrada el pasado 8 de febrero—se pronunció por analizar los formatos de declaraciones y sus normas, para que sean útiles en el monitoreo de la evolución patrimonial de los funcionarios.

En ese sentido, compartieron las observaciones de la titular de la SFP, Irma Sandoval –realizadas en el marco de la sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción–, en el sentido de que si no se revisan los actuales formatos de las declaraciones patrimoniales, se obstaculizaría su implementación y se pondría en riesgo su propia utilidad.

Los Contralores retomaron las observaciones de Sandoval sobre que los formatos no toman en cuenta los requerimientos técnicos y de personal necesarios para el uso, manejo y almacenamiento de la información proporcionada.

Tan solo en la Administración Pública Federal, recordaron, se estima que la cantidad de servidores públicos que estarán obligados a presentar estas declaraciones pasará de 250 mil a 2 millones, además de los millones que se incorporarán en los estados y municipios.

De igual forma, no se establece el mecanismo a través del cual se firma la declaración, que garantice la validez del envío de la misma, y las características del formato publicado se refieren únicamente a la declaración inicial, cuando la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla tres tipos de declaraciones (inicial, modificación y conclusión).

Por otra parte, el sistema de llenado no permite manifestar de forma expresa la no aplicabilidad de varios rubros del formato, al no incluir la opción “no aplica” o “ninguno”, y no se establece cuál instancia del SNA estaría facultada para la interpretación de las normas publicadas.

Asimismo, abundaron los contralores, “existen incongruencias entre el instructivo y los formatos respecto a la información que deberá proporcionar el declarante; se solicita al declarante una gran cantidad de información que podría obtenerse con una mayor coordinación entre autoridades gubernamentales”.

Por último, alertaron que “la segmentación de los servidores públicos en tres diferentes grupos es ambigua y no atiende al nivel de riesgo de corrupción de los puestos. Lo que conlleva a que servidores públicos que desempeñan tareas operativas o sin ningún riesgo de corrupción tengan que llenar un formato de 781 campos”.




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